El Real Decreto-Ley 16/2012 esconde un cambio de modelo sanitario

Abordando el eje de Sanidad Universal en la Red de Solidaridad Popular de Centro y Arganzuela

Cartel del Taller de grupos de acompañamiento

El Real Decreto-Ley 16/2012 nos afecta a todos y todas porque viene a romper el modelo de Sanidad que teníamos. De pronto, la sanidad deja de ser universal por lo que ya no está garantizada para toda la población. Surgen las excepciones, las personas que dejan de tener derechos sanitarios y son, por tanto, excluidas de la sanidad. El Real Decreto-Ley 16/2012 convierte la sanidad en un beneficio para unas ciertas personas que tendrán garantizado el acceso a algunas prestaciones básicas. Es un modelo de aseguramiento, es decir, que obtenemos derechos bajo nuestra condición de asegurados, derechos que perdemos cuando dejamos de estar en esa situación. En realidad es como si hubiéramos suscrito un seguro con la Seguridad Social que se encuentre ligado a nuestra cotización, asociado de esta manera a un asunto económico.

¿Por qué teníamos un modelo sanitario universal en España? Porque la atención médica está recogida como un derecho humano básico. A la sanidad, que pagamos a través de los impuestos (directos e indirectos), contribuye toda la ciudadanía, incluidos los inmigrantes sin papeles a los que se ha convertido en el chivo expiatorio de «un gasto sanitario que no se sostiene». Bajo esa premisa infundada de que tenemos una sanidad por encima de nuestras posibilidades se sustenta el cambio de modelo que esconde el Real Decreto-Ley 16/2012. A través de él se han aprobado recortes en la cartera de servicios sanitarios del Estado y se ha asentado una idea que justifica la exclusión sanitaria. Ha dejado fuera a inmigrantes sin papeles, personas que no cotizan (desempleadas que no cobran ninguna prestación o subsidio) y que salen del país más de 90 días y a quienes tienen ingresos mensuales superiores a los 100.000€, un límite lejano para que no nos preocupemos ahora por él pero que abre la vía a futuras exclusiones por razones económicas si comienza a ir variando. Ahora es la Administración la que tiene que reconocer el derecho y eso supone exclusiones e incertidumbre.

Desde la Red de Solidaridad Popular (RSP) defendemos un modelo de sanidad universal y ese principio forma parte de nuestros ejes de actuación para desarrollar proyectos con los vecinos y vecinas de nuestros barrios. En la RSP de Centro y Arganzuela hemos pedido a Yo Sí Sanidad Universal que viniera a contarnos sus experiencias. Son un grupo de personas que están por la sanidad universal y que quieren batallar para acabar con el decreto. Tienen una asamblea general con distintas comisiones: comunicación, desobediencia, jurídica (con intención de promover un caso ejemplar) y de registros de casos de incumplimiento o de exclusión. Además, como elemento central de su campaña, han formado grupos de acompañamiento a personas excluidas para conseguir que sean atendidas en centros de salud como nos atenderían a cualquiera y dentro de las mismas normas. No es una campaña asistencial, es de apoyo mutuo. No se basa en la desobediencia, sino que sigue las directrices marcadas en el Real Decreto, porque no se trata de generar un sistema sanitario paralelo sino de que solo exista un modelo de asistencia sanitaria y sea universal. Estamos hablando de asegurar este derecho básico con la misma calidad para toda la población y sin exclusiones.

Participantes en el Taller de grupos de acompañamiento. (Foto: Toni Gutiérrez)

En la charla se desmontaron mitos, como el del turismo sanitario de otras personas europeas que venían a hacer uso de nuestra sanidad. Siempre han existido mecanismos para garantizar esos pagos por los servicios sanitarios del país de origen de esas personas, sino se cobraban era por un déficit burocrático de nuestra Administración que no realizaba el trámite. O ese otro mito que dice que son los inmigrantes sin papeles los que colapsaban nuestra sanidad, cuando las estadísticas dicen justo lo contrario, pues en general son personas jóvenes y sanas quienes se aventuran a llegar de forma ilegal a nuestro país para poder ganarse una vida que en los suyos no es posible. En realidad, en el decreto subyace un sesgo racista a la hora de ejecutar la exclusión de una parte de nuestra población. El decreto ha generado una opinión pública que tenemos que enfrentar. Lo cierto es que muchas personas excluidas y otras muchas que creen estarlo han dejado de ir al médico. Ese es el verdadero efecto del decreto, su carga de profundidad.

Para ello es importante la información. Lo primero es saber que el decreto no se aplica para una serie de casos: diagnósticos anteriores al 31 de agosto de 2012, mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo, víctimas de trata de blancas, enfermedades mentales, enfermedades de declaración obligatoria (Relación de todas las enfermedades que son de declaración obligatoria en la Comunidad de Madrid) y urgencias hasta el alta. La Organización Mundial de la Salud señala que una urgencia se da cuando a juicio del interesado no puede esperar, es decir no es algo que pueda juzgar ni un administrativo ni un sanitario.

Lo segundo es conocer que para ser atendido es necesario que se produzca un alta en el servicio sanitario. La tarjeta sanitaria nos permite el acceso, pero hay dos figuras más para aquellas personas a las que se ha excluido de nuestra sanidad. La primera es el Transeúnte General y que genera un alta para la atención de un único día (momentánea). Pero este tipo de alta no garantiza la continuidad asistencial, es decir la normalidad sanitaria. Por eso lo que se busca en el acompañamiento es que estas personas excluidas sean dadas de alta como Transeúntes Sin Permiso de Residencia (TIR). El alta como TIR es por un año y da derecho a esa continuidad asistencial necesaria (historial clínico, solicitud de citas médicas, derivaciones a especialistas y asignación de médico de atención primaria). El TIR no te da una tarjeta sanitaria, ni acceso a los medicamentos, pero solventa obstáculos para atenciones posteriores y acerca a la normalidad sanitaria.

Estos grupos de acompañamiento realizan un gran trabajo. Se enfrentan a mucha desinformación, porque el decreto a supuesto caos y una realidad que plantea muchas dudas sobre quién tiene derecho a una asistencia médica y quién no. Conseguir el objetivo de que las personas a las que acompañan sean atendidas por nuestro sistema sanitario es a veces una lucha que supone muchos planteamientos estratégicos, una gran labor previa por vías informales, a aprender constantemente y a poner alguna que otra reclamación cuando un centro se niega a cumplir lo que marca la ley. Nos hablan de su nivel de éxito: un 100%. No siempre lo han conseguido en la primera visita, pero al final siempre han logrado resolverlo.